Protestas frente al Ministerio de Cultura contra la Ley Sinde

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article21386

Medio centenar de personas se reunieron ayer frente al Ministerio de Cultura para protestar en contra a la Ley Sinde que, tras ser rechazada en el Congreso el pasado 20 de diciembre, ha pasado al Senado. La concentación, convocada por el Partido Pirata acabó con la lectura de un comunicado.

COMUNICADO DEL PARTIDO PIRADA

El pasado 20 de diciembre, mientras en el interior del Congreso de los Diputados, sus señorías votaban la Ley de Economía Sostenible, en el exterior, los ciudadanos continuaban sus movilizaciones contra la Disposición Final Segunda de dicha Ley (la “Ley Sinde”). La sociedad civil dejó claro su rechazo a la medida en la calle, en Internet y en las principales redes sociales.

¿Y por qué se produjo un rechazo masivo a la ley, dentro y fuera del Parlamento (aunque mucho más enérgico y sincero fuera de él)? La Ley Sinde pretendía capacitar a un organismo administrativo designado por el Ministerio de Cultura para cerrar cualquier página o servicio web, sin garantías legales que protegiesen los derechos de los ciudadanos. En la votación del día 20, la Ley Sinde fue derrotada, pero no debemos abandonar la lucha en la ingenua suposición de que algún partido pretenda introducir de nuevo la posibilidad que un órgano administrativo cierre una página web sin la necesaria tutela judicial de los derechos ciudadanos.

La votación del 20 de diciembre sólo ha sido el episodio mas reciente de una lucha por las libertades de los ciudadanos que comenzó hace ya diez años, cuando empezó a tramitarse la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información). Ya en aquel entonces se planteó la posibilidad de que un órgano administrativo ordenase la clausura de una página web. En aquella ocasión muchas voces denunciaron el atropello que esta norma suponía, como las de Carlos Sánchez Almeida o Javier A. Mestre (a través de Kriptópolis ) o el propio PSOE a través Pérez Rubalcaba (entonces portavoz de Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario Socialista), quien afirmó que la LSSI era una “ley de la censura del ciberespacio”, y denunció que se utilizase una ley de comercio electrónico para controlar los flujos de información. Eran otros tiempos y el PSOE estaba en la oposición.

Sin embargo, cuando el PSOE llegó al poder, pasó a defender justo lo que antes había atacado y denunciado: cuando llegó la hora de tramitar la LISI (“Ley de Impulso de la Sociedad de la Información”) fue el propio PSOE quien planteó y defendió la idea de que un órgano administrativo pudiese cerrar páginas web. En el momento mas triste del debate llegó incluso a defenderse que entidades gestoras de derechos de copyright, como la SGAE, tuviesen autorización para ordenar el cierre de páginas web.

Quizá algunos ciudadanos no crean peligroso el hecho de que una página web pueda ser cerrada por la Administración, sin tutela legal. Desde el Gobierno y desde entidades como la SGAE o la llamada “Coalición de Creadores” se ha intentado convencer a la ciudadanía de que tal medida sólo afectaría a unas pocas páginas dedicadas a lesionar a las industrias de la música y el cine. Para añadir escarnio a la mentira se ha equiparado a quienes se oponen a esta norma con parásitos que lo quieren “todo gratis”.

PIRATA quiere advertir que si la sociedad permite que una página web pueda cerrarse por un órgano administrativo se abre la puerta para que se puedan cerrar páginas de cualquier tipo. Y no es la primera vez que se ha intentado dejar abierta esa puerta: por ejemplo, en septiembre de 2008 se propuso otorgar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la potestad para controlar la publicación de “información relevante” en cualquier medio, incluyendo radio, televisión, prensa o Internet. Por “información relevante” se entendía cualquier información que pudiese influir de una u otra forma sobre las cotizaciones de las empresas en bolsa. La propuesta fue finalmente derrotada, pero si hubiese sido triunfado la CNMV hubiese tenido potestad para censurar toda la información económica.

La censura de la información económica es solo un ejemplo: de igual forma los gobiernos y los medios de presión podrían desear censurar la información medioambiental o la sanitaria, tomemos por caso. Ante una crisis ¿cómo podremos confiar en nuestra administración, si les hemos autorizado a ocultarnos información a su antojo?

Por eso PIRATA se ha posicionado de una forma tan clara en este asunto, y lo seguirá haciendo mientras un gobierno cualquiera intente sacar adelante una serie de medidas como las de la Ley Sinde. No se trata, como algunos han intentado hacer creer, de defender unas cuantas páginas web de cine y música. Lo que está en juego es algo mucho mas importante. Luchamos por la defensa de las garantías judiciales recogidas en el artículo 20.5 de la Constitución Española, que dice que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Ángeles González Sinde, actual ministra de Cultura, llegó a decir que la Disposición Final Segunda no tenía “nada que ver” con la libertad de expresión (a pesar de que el articulado de la ley pide una tutela judicial que se limita a ese tipo preciso de derechos, no a otros) y la ha intentado presentar como parte de la llamada Ley de Economía Sostenible. Desde PIRATA afirmamos por el contrario que esta ley tiene todo que ver con la libertad de expresión, y que nada en su articulado contribuye a la sostenibilidad de la industria a la que dice proteger. Todo lo contrario: la industria cultural sólo sobrevivirá buscando modelos de negocio distintos a los actualmente explotados, no recortando los derechos fundamentales de la ciudadanía. Son dos debates distintos: el político, relativo a derechos fundamentales como la libertad de expresión, y el empresarial, relativo al desarrollo de nuevos modelos de negocio, que no deben ser mezclados por intereses industriales.

Ante todo esto PIRATA manifiesta:

* Que PIRATA no aceptará cualquier tipo de vulneración o recorte en los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La instauración de órganos administrativos con potestades sobre tales derechos y sin las efectivas garantías judiciales son un ataque radical a la base de nuestro sistema democrático.

* Que Internet, como columna vertebral de la Sociedad de la Información, merece la misma tutela judicial que se ha otorgado a otros medios de comunicación tradicionales (como son el correo, las llamadas telefónicas o la prensa) y que todos los ciudadanos deben mantenerse alerta frente a los ataques a estas libertades.

* Que el ataque a las libertades de los ciudadanos llamado “Ley Sinde” es el resultado de la presión de un gobierno extranjero (los Estados Unidos, como sabemos gracias a las revelaciones de WikiLeaks) en colusión con los intereses de los lobbies representados por la llamada “Coalición de Creadores”

* Que todo el trámite de la ley Sinde fue diseñado para que se aprobara de espaldas a la ciudadanía (introducida en un proyecto de ley sin relación ninguna, en fechas establecidas a propósito para pasar inadvertida y evitar la movilización activa de la sociedad) y que sólo la movilización de los ciudadanos ha logrado evitar una nueva estafa a la voluntad de los ciudadanos.

Ante todo esto, PIRATA urge a los políticos y representantes en las Cámaras, de cualquier signo y tendencia ideológica, a posicionarse claramente en contra de este tipo de medidas, hoy encarnadas en la Ley Sinde, si quieren seguir expresando la voluntad popular.

PIRATA dice “No” a la “ley Sinde” en cualquier versión y a las medidas políticas que recortan los derechos de los ciudadanos. “No” a la ingerencia ilegítima de los lobbies industriales y de otros países en la tramitación de las leyes españolas y europeas.

El 20 de diciembre de 2010, los parlamentarios votaron en sintonía con lo que la mayoría de la sociedad políticamente activa estaba reclamando en la calle, en Internet y en todos los foros de discusión y debate. Este sintonía deberá prevalecer cuando se vuelva a someter a votación esta o semejantes leyes.

SI A UNA INTERNET LIBRE, NEUTRAL Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

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